Continúa insistente presión abortista de Unión Europea sobre Nicaragua

El 26 de octubre de 2006 la Asamblea Nacional de Nicaragua acordó penalizar el mal llamado aborto terapéutico y defender el inalienable derecho a la vida de todo no nacido. Sin embargo, desde antes de la votación de la norma y hasta hoy, las insistentes presiones abortistas de la Unión Europea (UE) y la ONU no cesan y amenazan con detener la ayuda económica al país si es que no se revierte esta decisión.

En los debates parlamentarios anteriores a la penalización del aborto y siguiendo las instrucciones de la señora Ferrero-Waldner, comisionada de la UE para relaciones exteriores, Nicaragua fue presionada por distintos países donantes, agencias de la ONU y también por la embajadora de la UE para Nicaragua, la italiana Francesca Mosca.

Como parte de estas presiones, el Presidente del Parlamento Nacional recibió una carta en la que le solicitaban detener el debate en el que se discutía la reforma del Código Penal que permitió aprobar la mencionada ley pro-vida.

De otro lado, la Ministra de Cooperación y Desarrollo de Alemania, Heidemarie Wieczorek-Zeul, dijo que “la comunidad internacional de los países donantes claramente ha expresado al Presidente Ortega que habrán consecuencias inmediatas en términos de cooperación para el desarrollo, si esta legislación nacional (que penaliza el aborto terapéutico) no se rechaza”.

Por su parte, Marc Litvine, oficial para Nicaragua del Directorio para Relaciones Exteriores de la UE, señaló en febrero de este año que para la UE el tema de la legalidad del aborto “está vinculado a programas de colaboración contra la pobreza y derechos de las mujeres” y expresó que su institución está “preocupada” por la penalización de esta práctica anti-vida. “Va a dar marcha atrás, porque para nosotros (la ley pro-vida) es marcha atrás”, comentó.

Otro funcionario de la UE, Karl Buck, manifestó la “enorme indignación” de esta entidad, en un fax enviado al embajador de Nicaragua ante la UE en la que amenazaba al país con marginalizarlo de la comunidad internacional y sumirlo en el ostracismo a menos que se revierta la ley pro-vida.

Al respecto, la organización EUROFAM insta a escribirle a la Canciller Alemana y Presidenta de turno del Consejo de la UE, Angela Merkel, para hacerle las siguientes preguntas:

¿En qué norma legal se ampara Karl Buck, funcionario de la UE, para amenazar al embajador de Nicaragua ante este organismo y criticar, a nombre del Consejo y sus miembros, a un tercero sobre el asunto del aborto? ¿Hasta qué punto las opiniones expresadas por un funcionario de la UE son legalmente vinculantes?

¿Considera que las declaraciones de la señora Heidemarie Wieczorek-Zeul constituyen una interferencia directa en los asuntos nacionales de un estado soberano?

¿En qué norma legal la señora Ferrero-Waldner se ampara para amenazar económicamente la ayuda para el desarrollo de modo que se quiera revertir una ley que defiende la vida y se opone al aborto?

¿Está al tanto de estos puntos de vista y puede emitir alguna comunicación que los avale? De no ser el caso ¿Puede confirmar que las opiniones de Francesca Mosca, Marc Litvine y Karl Buck son personales y han sido manifestadas fuera de sus funciones dentro de la UE?

¿Puede aclarar en qué campo político de la UE, la "Salud y los derechos sexuales y reproductivos” y el aborto se relacionan a nivel europeo y en el contexto de la ayuda para el desarrollo?

http://www.eu2007.de/en/contact/index.html