El 27 de septiembre la secretaria especial de Políticas para las Mujeres –cuyo cargo equivale al de un ministro–, Nilceia Freire, entregó a una comisión de la Cámara de Diputados un proyecto de ley para despenalizar el aborto en Brasil y permitir su práctica en el área pública sanitaria.
En caso de aprobarse, el proyecto recibido por la Comisión de Seguridad Social y Familia implicaría una "enmienda supresiva" al Código Penal brasileño, que retiraría las referencias al aborto como crimen, aprobándolo en todos los casos.
Según el proyecto elaborado por una comisión tripartita, el embarazo puede ser interrumpido hasta la décimo segunda semana de gestación. En caso de “violencia sexual”, se estipula un plazo de 20 semanas.