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Comisión DDHH admite caso de lesbiana y hace peligrar libertad religiosa en América Latina

Por Eduardo Berdejo

SANTIAGO, 14 Ene. 16 / 06:47 pm (ACI).- El Observatorio Internacional de Políticas Públicas y Familia denunció que en América Latina peligra la libertad religiosa luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitiera el caso de Sandra Pavez, una exmonja lesbiana a quien una diócesis chilena no le renovó el certificado de idoneidad para seguir impartiendo clases de religión debido a que su condición no es compatible con las enseñanzas de la Iglesia en materia de sexualidad.

El informe de admisibilidad de la CIDH tiene fecha 21 de julio de 2015. Sin embargo, recién fue hecho público hace unos días por la propia Pavez, cuyo caso se remonta a 2007, cuando la Diócesis de San Bernardo –valiéndose del derecho que le otorga la ley chilena– le revocó el certificado de idoneidad exigido por el Estado para enseñar esta materia, de acuerdo al decreto 924 de 1984 que reglamenta las clases de religión en los colegios.

Este decreto señala que “el profesor de Religión, para ejercer como tal, deberá estar en posesión de un certificado de idoneidad otorgado por la autoridad religiosa que corresponda, cuya validez durará mientras ésta no lo revoque, y acreditar además los estudios realizados para servir dicho cargo”.

Pavez, que ya entonces mantenía una relación con otra mujer, recurrió a los tribunales chilenos aduciendo que había sido discriminada. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó su pedido al señalar que "la legislación aplicable facultaba al órgano religioso correspondiente a otorgar y revocar la autorización para ejercer la docencia de religión de acuerdo con sus particulares principios religiosos, morales y filosóficos, respecto de lo cual el Estado no tendría poder de injerencia alguna”.

“En esa misma línea, habría estimado que dicha facultad descansa sobre el propio credo, el cual tiene amplia libertad para establecer sus normas y principios, y que subyace en la propia norma legal que quien debiera impartir un credo en las aulas debía ajustarse a dichas normas, creencias y dogmas sin que competa a los órganos del Estado inmiscuirse o cuestionarlas", indicó el tribunal. Su sentencia fue confirmada en 2008 por la Corte Suprema de Chile.

Sin embargo, con el apoyo del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (Movilh), la mujer llevó en octubre de ese año su caso a la CIDH, demandando además al Estado por supuestamente favorecer “una corriente de pensamiento al interior de la iglesia católica que contradice en forma directa la Ley del Estado de Chile”.

En marzo del año pasado la organización Alliance Defending Freedom (ADF) presentó un escrito ante la CIDH que demuestra que no se vulneraron los derechos de la docente.

A pesar de ello, la Comisión, que forma parte de la OEA, admitió el caso. El Observatorio Internacional advirtió que si el caso pasa a ser juzgado por la Corte Interamericana, se podría “sentar un precedente difícil para toda América”.

Una CIDH ideologizada

En declaraciones a ACI Prensa, la abogada hispana del ADF, Neidy Casillas, indicó que si bien hasta el momento la Comisión “únicamente se ha aceptado el caso en forma”, se tendrá “que ver cómo vendrá el fondo”.

La experta indicó que, desde el trabajo de la ADF, “hasta ahora la libertad religiosa no era una batalla que veíamos latente en Latinoamérica”, aunque ya “comenzaban los ataques a la libertad religiosa, pero desde otros frentes”, como el impulso de la agenda gay.

En ese sentido, advirtió de la falta de imparcialidad de la CIDH. La propia convención sobre discriminación e intolerancia de la OEA “claramente es un ataque directo a la libertad religiosa, libertad de expresión, entre muchos otros derechos que trastoca. Diría que socava todos los otros derechos de una persona heterosexual. Puesto que el fin principal de esta convención es la protección de personas con orientación sexual, identidad de género distintas”.

“Tendremos que seguir muy de cerca el actuar de la Comisión y de la Corte, pues este año entran en función nuevos comisionados y que claramente tienen una tendencia, más que liberal”, indicó Casillas. “Ahí tenemos a (Eugenio) Zaffaroni”, exmiembro de la Corte Suprema de Justicia argentina y cuya candidatura fue impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La abogada del ADF indicó que si bien “hay algunas cláusulas que pueden ayudar a las diócesis a protegerse” de posibles violaciones a su libertad religiosa, “ante una Comisión o una Corte que continúe actuando de forma ideologizada y no apegada a derecho, es decir, de forma arbitraria, todos ciudadanos de los distintos países que están bajo la jurisdicción de sistema, quedamos completamente desprotegidos”.

“El Sistema Interamericano se ha puesto como un órgano supranacional ante el cual no cabe más recursos. Aun cuando no votamos por quienes lo conforman, estamos sujetos a sus sentencias”, señaló.

Sin embargo, afirmó, “el mismo actuar de la Comisión y de la Corte, así como su composición cada vez más radical y con personas que no tienen la más mínima calidad moral para juzgar, estará perdiendo por sí misma su credibilidad de un órgano jurídico serio para pasar a ser un órgano político que obedece al interés de quienes les pagan”.  

 

Etiquetas: Chile, Libertad religiosa, CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos

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