El texto también presentaba los contendidos que debían abordarse desde el quinto año de educación básica en adelante como son los aspectos biológicos, socioculturales y psicosociales de la sexualidad; prevención en enfermedades de transmisión sexual; embarazo adolescente; abuso sexual; violencia y maltrato; métodos anticonceptivos; y el respeto por la diversidad y la no discriminación respecto de la orientación sexual e identidad de género.
Otra de las preocupaciones planteadas por la abogada es que el proyecto entregaba al sostenedor del establecimiento educacional la posibilidad de fijar el contenido de cada programa, pero sin contravenir lo establecido en el proyecto de ley y, de cometer infracciones a esas disposiciones, estas podrían ser denunciadas ante la Superintendencia de Educación.
De otro lado, el texto explicaba que se debe "considerar" la opinión de padres y apoderados en el diseño de los programas, así como el establecimiento debería poner a disposición el material para el "conocimiento" de los padres.
Para Constantino en todo el proyecto de ley "se mencionan los derechos pero no establecen los mecanismos para garantizarlos", lo que conlleva a una grave trasgresión de la "libertad de enseñanza y el derecho de educación preferente de los padres".