Cardenal Urosa: Es inaceptable el violento desalojo de la Asamblea Nacional en Venezuela

Cardenal Urosa: Es inaceptable el violento desalojo de la Asamblea Nacional en Venezuela
Cardenal Jorge Urosa. Foto: Eduardo Berdejo (ACI Prensa)

El Arzobispo de Caracas y Primado de Venezuela, Cardenal Jorge Urosa Savino, expresó su "asombro y su rechazo" a una serie de medidas que atentan contra la "voluntad del pueblo soberano".

En una declaración dada a conocer este martes 8 de agosto por la Oficina de Prensa del Arzobispado de Caracas, el Cardenal denunció el desalojo de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) del Palacio Federal Legislativo, que es su sede legal.

El violento desalojo se produjo para que la Asamblea Constituyente, compuesta por 545 personas afines al gobierno del Presidente Nicolás Maduro, ingresaran al lugar.

El Cardenal dijo que "se trata de una medida que asombra por su violencia y arbitrariedad. Y que atenta contra la voluntad popular que eligió soberanamente a la Asamblea Nacional en los comicios de diciembre de 2015" que está compuesta mayoritariamente por la oposición.

El Cardenal Urosa precisó que "más allá de ser un organismo inválidamente constituido, pues no fue convocado por el pueblo, y cuya elección está bajo sospecha de fraude, la Constituyente no tiene derecho de apropiarse de la sede de la Asamblea Nacional. Eso es arbitrario y violento, y por lo tanto, inaceptable".

El Arzobispo de Caracas denunció además que "en estas últimas semanas, hemos visto como la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha aplicado sanciones gravísimas a varios alcaldes de oposición. Ayer, destitución y cárcel e inhabilitación contra el Alcalde de Chacao, Ramón Muchacho. Y para mañana está citado el Alcalde de El Hatillo, David Smolansky. Ambos, así como el Alcalde de Lechería, han sido acusados de desacato por el Tribunal".

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"Esas sanciones van en contra de los derechos de esos alcaldes y de la voluntad del pueblo, que los eligió para regir sus municipios", precisó.

"La búsqueda de la paz y del entendimiento que pregona el Presidente Maduro se ve impedida por esas medidas. Pedimos que cesen esas actuaciones y que se cree un ambiente de sosiego que permita encontrar soluciones a la actual crisis política, económica y social el País", concluyó el Cardenal.

El primer decreto de la Constituyente de Maduro

La Asamblea Constituyente (ANC) aprobó este martes un decreto que le permitirá controlar todos los poderes públicos del país.

"De acuerdo con este dictamen, la ANC podrá decretar medidas sobre competencia, funcionamiento y organización de poderes públicos de modo inmediato, para el adecuado funcionamiento de las instituciones y preservar la estabilidad", dice una nota de la Agencia Venezolana de Noticias del gobierno, que no da detalles de la decisión ni ha presentado el contenido del decreto.

El decreto se emite un día después de que la Asamblea Nacional dijera que desconocerá las decisiones de la Constituyente; y dos días después de que un pequeño grupo de militares y civiles del estado de Carabobo se declarase en rebeldía contra el gobierno de Maduro, buscando "restablecer el orden constitucional" en el país.

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En el marco de lo que llamaron la "Operación David Carabobo", el grupo intentó irrumpir en el Fuerte Paramacay en busca de armas, pero fue rápidamente neutralizado por el Ejército Nacional Bolivariano.

El gobierno calificó el hecho como un "ataque de grupos terroristas mercenarios".

En medio de fuerte controversia, denuncias de fraude y el rechazo de la comunidad internacional y del Vaticano, Maduro instaló el 4 de agosto su Asamblea Constituyente, profundizando la crisis social y política que vive el país.

Desde el inicio de las protestas contra el gobierno de Maduro, en abril de este año, han muerto alrededor de 120 personas en las calles.

Declaración de Lima

Mientras que en Caracas los países del ALBA -entre los que están Ecuador, Bolivia,Cuba y Nicaragua- expresaron su apoyo a la Asamblea Constituyente, otros 17 países de América firmaron la llamada Declaración de Lima, en Perú, en la que se precisa que lo que existe actualmente en Venezuela es una dictadura.

Algunos de las medidas de la declaración establecen que no se reconoce la Asamblea Constituyente promovida por el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; se respalda plenamente la Asamblea Nacional elegida democráticamente reconociendo solo los actos que apruebe y valide este organismo: y se condena la violación de derechos humanos, la violencia y la represión. 

Entre los países firmantes de la declaración están Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Canadá, Uruguay. 

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