El gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el norte de España, ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el concurso "Acuerdo Marco para la Interrupción Voluntaria del Embarazo", por el destinará cerca de un millón trescientos mil euros a financiar los abortos que se realicen en clínicas abortistas.

De esta manera las clínicas abortistas de Cantabria pueden presentar su solicitud hasta el 9 de agosto con el fin de ser financiadas con dinero público, ya que los abortos en España no se realizan en hospitales públicos, sino en clínicas privadas financiadas.

La licitación pública es puesta en marcha por el "Servicio Cántabro de Salud" y tramitada por la Subdirección de Asistencia Sanitaria.

Ante esta situación, la presidenta de la Fundación Red Madre de ayuda a la mujer embarazada, Carmina García-Valdés, dijo a ACI Prensa que considera esta medida como "una equivocación del gobierno cántabro porque financiar el negocio privado que son las clínicas privadas no es una medida social".

García-Valdés asegura que es una medida especialmente negativa "sobre todo si no destina ni un céntimo del presupuesto público a la ayudas a mujeres embarazadas y a las madres en dificultades".

Por eso desde Red Madre afirman que la decisión tomada por las autoridades de Cantabria "es la medida menos progresista que podría hacer un gobierno autonómico: Ayudar a unos empresarios que ya ganan bastante de dinero público y dejar de asistir a las mujeres embarazadas y madres en dificultad cuando son ellas las que de verdad lo necesitan".