Asociaciones de padres muestran su descontento con la ministra Celaá

Siguen sucediéndose las respuestas a las polémicas declaraciones de la ministra Isabel Celaá sobre la "propiedad" de los hijos y la aplicación del pin parental en las escuelas.

Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) declaró a Europa Press el pasado 17 de enero que ellos defienden "la libertad de educación, que entra en el artículo 27 de la Constitución en su punto 3".

Asimismo, respondió a las amenazas de la ministra de llevar el pin parental a los tribunales asegurando que "a día de hoy la materia que el pin parental está controlando no es curricular, sino extracurricular, complementaria".

"Con el pin parental, a esas materias que vienen de fuera del centro, lo lógico y normal es que se informe a la familia de ello. Pero no vulnera ninguna ley educativa ni nada. Si ella quiere llevarlo a los tribunales que lo lleve, pero nosotros veremos como familias cómo responder a esa amenaza", aseguró.

Además subrayó que la utilización del pin parental "no vulnera en ningún sentido, sino que garantiza la libertad de los padres a poder elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos".  

El Foro de la Familia también publicó una reflexión en su web  al respecto. Vicente Moro, expresidente de la Federación Católica de Padres de Alumnos y delegado del Foro de la Familia en Valencia explicó en un artículo "la difícil relación con la verdad de este Gobierno".

Según argumenta, la relación "fluida y estable" con "las mentiras, falsedades y ocultaciones" del presidente Pedro Sánchez y la ministra de Educación, Isabel Celaá, les acerca "a las concepciones de personajes de triste memoria para la humanidad, como Lenin, que decía que la mentira es un arma revolucionaria, o Goebbels, que profesaba que una mentira repetida mil veces acaba convirtiéndose en verdad".

Moro explica que la petición de información de los padres sobre las actividades extracurriculares de sus hijos, que en algunos lugares se vehicula a través del citado 'pin', es "algo que algunas organizaciones de padres de alumnos y otras entidades llevamos tiempo reclamando por otros medios y con otras fórmulas como el consentimiento expreso".

De esta manera asegura que el llamado pin parental, es decir, "la petición de información de los padres sobre la actividades extracurriculares de sus hijos" no afectan a las "decisiones curriculares regladas, sino a actividades extracurriculares propuestas para ser realizadas obligatoriamente, a diferencia de la asignatura de Religión, en horario lectivo y generalmente por agentes externos al centro que en muchas ocasiones exigen que no haya personal del mismo durante su desarrollo".

Moro se muestra sorprendido de que la ministra Celaá y el presidente Sánchez se "escandalicen" de la pretensión de los padres de conocer "qué se va a hacer con sus hijos y qué se les va a transmitir".

También recuerda que "los padres no pretenden modificar los currículos reglamentariamente aprobados, sino tener información completa, anticipada y veraz sobre determinadas actividades. Nada más. Y nada menos, en virtud de los derechos que les asisten, nos asisten, como responsables de la educación de nuestros hijos".

La ministra Celaá aseguró en otras ocasiones que "el pin parental vulnera el derecho fundamental constitucional de los niños y niñas a ser educados" y que "vulnera también otros tratados europeos firmados por España, tales como la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y algunos otros tratados".

A lo que Moro responde "que los padres que decidan pedir información sobre determinadas actividades no vulneran ningún derecho de sus hijos como torticeramente señala Celaá, faltaría más".

Sino que los padres, de esta manera, "ejercen sus derechos, estos sí verdaderamente constitucionales y fundamentales, como responsables de la educación de sus hijos, para que estos reciban la formación filosófica, pedagógica, religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

Además también alerta de que durante estos días de polémica no se ha hablado "en contra de la manipulación interesada" de los currículos legalmente aprobados, ni tampoco del uso de la libertad de cátedra que tienen los docentes, "sino del adoctrinamiento ideológico, de género, político o lingüístico, de algunos docentes o de terceros que accedan a las aulas, vulnerando el deber de neutralidad ideológica de las Administraciones Públicas, especialmente en el ámbito educativo, y 'pretendiendo imponer puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas'". 

Pin parental 

Las polémicas declaraciones de la ministra Isabel Celáá y la sucesivas respuestas que ha recibido desde todos los ámbitos están relacionadas con la implantación del llamado "pin parental" en las escuelas. 

El pin parental es un documento que los padres de menores tienen que firmar para dar consentimiento explícito al centro escolar para que los hijos asistan a talleres de todo tipo, aunque la polémica se centra en las charlas de educación sexual. 

Se trata de una iniciativa promovida por Vox en la Región de Murcia e implantada desde el pasado mes de septiembre, y que podría exportarse a otras comunidades como Andalucía o Madrid. 

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España aseguró a través de twitter que "el pin parental vulnera el derecho de los niños y niñas a la educación. Se trata de un derecho fundamental, de un derecho constitucional" y que el ministerio de educación recurrirá esta decisión ante los tribunales la decisión del gobierno de la Región de Murcia".