Más de un millar de padres de familia se adhirieron al recurso presentado por la asociación E-Cristians, la Fundación Abat Oliba, Juristes Cristians, y el abogado Manuel Silva Sánchez, para denunciar la ilegalidad y la inconstitucionalidad de los decretos de la Generalitat de Cataluña que introducen la ideologizada Educación para la Ciudadanía (EpC).
Este hecho es un "suceso poco común" pues estas personas actúan a "título individual y personal, y no como una asociación o como un colectivo con entidad propia", señaló en un comunicado Juristes Cristians.
Asimismo las asociaciones manifestaron que tras iniciarse las clases, los padres se percataron que la cuestionada asignatura estaba siendo impartida y cuáles eran sus contenidos, y para mostrar "el descontento y la indignación" más de mil personas han acudido a las notarías y han presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el que piden "quedar integrados en aquel litigio" y otorgan poder a quienes les representen ante la Sala.