El Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (SIAME), defendió el derecho de los ministros de culto y de los fieles en general a opinar sobre los asuntos públicos, pues un verdadero Estado laico no persigue a las personas que se expresan guiados por su fe.
"Es muy grave cuando un servidor público, sea quien sea, no sabe distinguir el sentido de la separación Iglesia-Estado, y cree que los ciudadanos no tienen derecho de expresar sus puntos de vista, aún cuando éstos sean motivados por sus convicciones religiosas", expresó en un editorial.
El SIAME recordó que la separación Iglesia-Estado establecido en la Constitución se refiere "a la autonomía de las estructuras e instituciones políticas con respecto a las instituciones religiosas, pero, al mismo tiempo, al respeto que debe tener el Estado a la autonomía de las instituciones religiosas en lo que les corresponde". Indicó que la única limitación a la amplia libertad de creencias y práctica religiosa, es el impedimento que tienen los ministros de culto de hacer proselitismo político, postular a un cargo público, y oponerse a las leyes de la República.
