Arquidiócesis de Managua critica la sed de poder que agrava la crisis en Nicaragua

Arquidiócesis de Managua critica la sed de poder que agrava la crisis en Nicaragua
Foto referencial. Crédito: Ferdinand /Unsplash.

La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua denunció que la crisis en Nicaragua se agrava por un "virus endémico" que es "la sed de poder a cualquier precio", incluso suprimiendo libertades, y que afecta la vida de la población.

En un comunicado publicado el 10 de noviembre, la Comisión lamentó la situación que vive Nicaragua en medio de la pandemia y afirmó que lo más preocupante es "la permanencia de otro virus endémico" que es "la sed de poder a cualquier precio", que profundiza la crisis y afecta aún más la vida de los nicaragüenses.

La Comisión explicó que "la embriaguez y el ansia de poder" es "una conducta aberrante" y "una droga dura que muchos personajes de la vida política no tienen el firme carácter necesario para contrarrestarla".

Asimismo, expresó su apoyo a los ciudadanos que en medio de la pandemia reclaman por sus derechos frente a una clase política que a causa de una "sed de poder" imponen "medidas tributarias deshumanizadas" y suprimen libertades.

"Con tristeza constatamos que, en vez de encontrarse soluciones a la problemática del país, vemos aparecer cada vez más sombras oscuras en el panorama social, económico y político, tales como medidas tributarias deshumanizadas que ignoran la situación de pobreza y miseria de la mayoría de la población", señaló.

En ese sentido, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua denunció las leyes que el gobierno decretó recientemente y afirmaron que atentan contra los derechos fundamentales de "expresión y movilización".

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"Se califican como delitos las libertades más básicas y fundamentales de los nicaragüense por medio de leyes represivas o por medio de acciones que impiden el derecho a la libre expresión y movilización", señaló.

Además, se solidarizó con los ciudadanos que se exponen a ser detenidos en medio de las protestas. "Apoyamos a aquellos que reclaman sus derechos justa y cívicamente".

La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua explicó que según la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, "como institución estamos llamados a descubrir a Cristo en los pobres", pues "para la iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política y filosófica. Dios les ha otorgado su primera misericordia".

En ese sentido, subrayó que "no podemos compartir la visión de aquellos que consideran la nación como un botín para la gloria y enriquecimiento personal y no como escenario lleno de problemas a resolver".

Finalmente, expresó su solidaridad con los ciudadanos afectados en medio de la crisis política y llamaron a vivir el próximo Adviento con esperanza, diálogo y reconciliación. Asimismo, reiteró su apoyo "y oraciones por los presos políticos y sus familiares. Oramos por tantas mujeres que han sido asesinadas por sus compañeros de vida".

"El Adviento ya próximo nos invita a vivir con la esperanza puesta en Cristo que nos llama a renovar nuestros corazones, abriéndonos al que piensa diferente, para así construir una sociedad pluralista bajo un sincero espíritu de reconciliación en Cristo Jesús. Que María, la Madre Purísima nos cubra a sus hijos nicaragüenses con su manto maternal", concluyó.

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Polémicas reformas y proyectos de ley

Según la prensa internacional, recientes medidas impulsadas desde el Ejecutivo "buscarían crear condiciones favorables" para que luego de 13 años de estar en el poder, se dé una "nueva reelección del presidente Ortega" en las elecciones del 7 de noviembre de 2021.

El martes 7 de octubre, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aprobó la "Estrategia Nacional de Ciberseguridad" que, según el mandatario, pretende "garantizar el uso soberano, seguro y confiable del ciberespacio". La crítica internacional dijo que censurará a periodistas independientes y usuarios de redes sociales que expresen opiniones contrarias al régimen.

El 15 de octubre, el Congreso aprobó la "Ley de Regulación de Agentes Extranjeros" que obliga a toda persona y organización que reciba financiamiento del exterior a registrarse en el Ministerio del Interior como "agente extranjero" y abstenerse de participar en la "política interna". Los críticos afirman que esta ley iría en contra de la prensa independiente extranjera.

El 27 de octubre, los diputados aprobaron por mayoría la Ley Especial de Ciberdelitos que es conocida como "Ley Mordaza", que hace que el  gobierno pueda criminalizar bajo penas de cárcel que oscilan entre 1 y 10 años, a  todo aquel que difunda información por medios virtuales que consideren "falsa" o tergiversada" por atentar contra la "seguridad del Estado".

El 10 de noviembre,  los diputados aprobaron por mayoría una reforma parcial que se incluirá en el artículo 37 de la Constitución que instaura la "cadena perpetua" por "crímenes de odio". La reforma que penaliza bajo un máximo de 30 años de cárcel deberá ser aprobada definitivamente por el próximo periodo parlamentario que inicia el 9 de enero de 2021.

Esta ley, impulsada por el Gobierno, será aplicada de forma excepcional cuando a criterio del régimen se cometan "delitos graves cuando ocurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional".

En septiembre, el Gobierno anunció que instaurarían una reforma legal de cadena perpetua contra personas que cometan "crímenes de odio" y "contra la paz", tras el asesinato de dos niñas. Ortega dijo que la ley irá en contra de los que quieren seguir "cometiendo asesinatos, colocar bombas […] y más destrucción de la que provocaron en abril de 2018". 

En abril 2018 estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua con una ola de protestas ciudadanas contra el Gobierno de Ortega, que fueron reprimidas de forma violenta e incluso resultaron en la muerte de cientos de manifestantes. Desde esa fecha varias iglesias y obispos han sido atacados por grupos paramilitares afines al gobierno. 
 

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