Allanan oficinas de la Conferencia Episcopal de Chile por investigación de abusos

Funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) allanaron este 14 de agosto las oficinas de la Conferencia Episcopal (CECh) para incautar información y declaraciones de víctimas de abusos de la Congregación de los Hermanos Maristas.

De acuerdo a la Fiscalía, de las denuncias de abuso sexual al interior de la Iglesia en Chile, 38 casos vigentes en investigación tienen relación con la Congregación Marista.

Personal del Ministerio Público y de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI llegó a las 9:15 a.m. al edificio ubicado en el centro Santiago, para efectuar la orden del fiscal regional Sur, Raúl Guzmán, encargado de investigar los casos vinculados con esta congregación a nivel nacional.

Tras el procedimiento, que se extendió por cerca de 90 minutos, el fiscal dijo a la prensa que "estamos recabando y complementando antecedentes que ya habíamos recibido, particularmente para la identificación de víctimas que han formulado denuncias por abusos de distinto tipo".

Destacó además que estos antecedentes tienen "relación con hechos que estamos investigando, que pueden ser constitutivos de delito, y eso involucra tanto víctimas como eventuales imputados".

Tras terminar el allanamiento en la Conferencia Episcopal, los fiscales y la PDI se trasladaron a la sede de los Hermanos Maristas, en la comuna de Providencia, para concretar un nuevo procedimiento.

Este allanamiento se suma a los otros que este año se han hecho a sedes eclesiales por casos de abusos, como la Diócesis de Rancagua, el Obispado Castrense y el Tribunal Eclesiástico de Santiago.

Paralelo a la investigación civil, la Congregación de los Hermanos Maristas en Chile mantiene una investigación canónica sobre denuncias de abusos sexuales contra algunos de sus miembros.

En febrero de este año, algunas víctimas del caso Maristas tuvieron la oportunidad de reunirse con Mons. Charles Scicluna, enviado del Papa a Chile que investiga las acusaciones de encubrimiento contra el Obispo Barros en el caso Karadima.

El sacerdote español Jordi Bertomeu, quien ofició de notario del encuentro, dejó constancia que el enviado papal animó a las víctimas al "derecho de denunciar civilmente" los hechos ocurridos ante tribunales.