Abortistas podrían ser demandadas por difamación y calumnia, señala representante legal

El Presidente del Colegio de Abogados Católicos, Armando Martínez, señaló que la directora de la organización abortista autodenominada Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Consuelo Mejía, podría ser demandada en lo civil por daño moral, calumnia y difamación, si no demuestra cada acusación que haga contra el Arzobispo de México, Cardenal Norberto Rivera, y su vocero, el P. Hugo Valdemar.

Martínez, también representante legal del sacerdote, respondió de esta manera a las declaraciones de la directora de CDD, quien responsabilizó a la jerarquía eclesiástica de los correos electrónicos amenazantes que habrían recibido varias organizaciones anti-vida.

"Vamos a levantar una denuncia penal por la amenaza que nos llegó por correo a varias de las organizaciones. Estamos responsabilizando a la jerarquía, sobre todo al vocero de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, por esta situación. Ellos le imprimieron al debate (sobre la despenalización del aborto) un tono agresivo", afirmó Mejía.

Ante ello, Martínez exigió a la dirigente abortista cumplir con su palabra y presentar la demanda contra el autor del correo electrónico, a quien Mejía relacionó con el Arzobispado. Indicó que de no hacerlo, la jerarquía está en su derecho de interponer una denuncia civil contra quien la acuse sin pruebas.

Asimismo, señaló que lo que la Iglesia ha hecho "es ser contundente en su postura en favor de la vida" y por ello se deslinda "de cualquier ataque o acción emprendida en contra de alguna de estas mujeres activistas o de otra persona". Ese tipo de acciones no son actitudes de un sacerdote, "como tampoco corresponden de ninguna manera a la forma de actuar del P. Hugo Valdemar ni de ningún otro jerarca católico", agregó.

Arquidiócesis pide investigación

Por su parte, el vocero de la Arquidiócesis de México, P. Hugo Valdemar, condenó todo tipo de agresión y exigió a las autoridades locales investigar las supuestas amenazas de muerte contra de algunos miembros de grupos abortistas.

"La Arquidiócesis de México es una asociación religiosa, apegada al Evangelio, por lo que para la Arquidiócesis resulta inaceptable cualquier amenaza o agresión, independientemente de la ideología de la persona que la recibe", expresó.

Afirmó que los sacerdotes son los primeros en rechazar este tipo de acciones, "y la primera agresión que no debe de ejercerse es en contra del niño que está en el vientre de su madre".

Persecución intolerante

Por otro lado, Armando Martínez señaló que la exhortación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) a la Secretaría de Gobernación, para que haga valer el Estado Laico y limite las declaraciones de la Iglesia sobre el aborto, es una muestra más de la "persecución intolerante e intransigente" de los diputados.

El abogado señaló que la jerarquía eclesiástica no ha violado ninguna ley al opinar sobre el aborto, pues la mayoría de las acciones para impedir su despenalización han sido hechas por el grupo Somos Vida y el Colegio de Abogados Católicos.