23 de noviembre de 2005 / 03:17 PM
Esta semana el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictaminó –a pedido de un grupo abortista– que el Estado Peruano “violó los derechos” de una joven madre por no permitir que aborte a su hija con anencefalia, una malformación genética que supone la temprana muerte del bebé pero no representa riesgos graves para la gestante.
En el año 2001, Karen Llontoy tenía 17 años de edad. Resultó embarazada y a las 14 semanas de gestación diagnosticaron que su bebé sufría anencefalia, es decir que no estaba desarrollando hemisferios cerebrales y moriría poco después de nacer. Un médico le sugirió someterse a un aborto, pero el director del hospital público en el que se atendía negó esta posibilidad porque la ley peruana sólo permite esta práctica en caso de riesgo de vida de la madre o daño permanente.
Según explica el doctor en bioética Renzo Paccini, “la madre no está enferma por portar un bebé que padece anencefalia y abortarlo no supone una curación. La anencefalia del concebido no supone ningún riesgo para la salud de la madre. Es una situación humanamente dramática y supone un sufrimiento para los padres y especialmente para la madre que como mujer está biológicamente abierta a acoger una vida en su cuerpo, pero en sí mismo un bebé anencefálico no implica que el embarazo suponga ningún riesgo para la vida o la salud de la madre”.