El punto 5 señala que "respecto del grave pecado del aborto o la eutanasia, cuando la cooperación formal de una persona es manifiesta (entendida, en el caso de un político católico, como hacer campaña y votar sistemáticamente por leyes permisivas de aborto y eutanasia), su párroco debería reunirse con él, instruirlo respecto de las enseñanzas de la Iglesia, informándole que no debe presentarse a la Sagrada Comunión hasta que lleve a término la situación objetiva de pecado, y advirtiéndole que de otra manera se le negará la Eucaristía".
El punto 6 establece que "cuando 'estas medidas preventivas no han tenido su efecto o cuando no han sido posibles', y la persona en cuestión, con obstinada persistencia, aún se presenta a recibir la Sagrada Comunión, 'el ministro de la Sagrada Comunión debe rechazar distribuirla' (cf. Declaración del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos 'Sagrada Comunión y Divorcio, Católicos vueltos a casar civilmente' [2002], números 3-4). Esta decisión, propiamente hablando, no es una sanción o una pena. Tampoco es que el ministro de la Sagrada Comunión está realizando un juicio sobre la culpa subjetiva de la persona, sino que está reaccionando a la indignidad pública de la persona para recibir la Sagrada Comunión debido a una situación objetiva de pecado".
En su artículo de hoy, el Arzobispo explica que "las implicancias para el momento actual son claras. Las figuras públicas que se identifican como 'católicas' generan escándalo entre los fieles cuando reciben la Comunión pues dan la impresión de que la ley moral de la Iglesia es opcional".
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