La Federación Española de Síndrome de Down (Down España), elevó su protesta contra las aún vigentes normas abortistas en España, porque resulta "inadmisible que la ley posibilite una interrupción del embarazo (aborto) llevada a cabo por el hecho de que el feto tenga una discapacidad".
De acuerdo a la actual legislación española, en el artículo 15, inciso b, uno de los supuestos para poder acabar con la vida de un niño por nacer es la presencia de "graves anomalías en el feto".
Para Down España, esto constituye una discriminación por motivo de discapacidad, "ya que en el caso en que la detección prenatal diagnostique una posible discapacidad, la mujer dispone de plazo hasta la semana 22 para abortar".