La semana pasada, la legislatura de California votó a favor de permitir que los médicos ayuden a sus pacientes a suicidarse.

Esta decisión es profundamente inquietante. Como también lo es el proceso que condujo a esta votación.

Los líderes de la Asamblea y del Senado optaron por impulsar este proyecto de ley (AB2X-15) a través de una sesión legislativa “extraordinaria” que el gobernador Brown había convocado para hacer frente al financiamiento para la atención de la salud de los pobres.

Esta no es la manera adecuada para que nuestro gobierno cree políticas relativas a cuestiones de vida o muerte, que han de afectar a millones de individuos y familias por muchos años.

La gente de California —especialmente los pobres, los ancianos, las minorías y los discapacitados— merece algo mucho mejor por parte de sus líderes.

Y no lo duden, estas poblaciones más vulnerables serán las que más van a sufrir a causa de esta legislación.

Sabemos que las familias pobres, los afroamericanos, los latinos y los inmigrantes no tienen suficiente acceso a una atención médica de calidad. Sabemos también que los millones de personas que se ven forzadas a depender de Medi-Cal tienen opciones limitadas de tratamiento cuando se enfrentan con algún diagnóstico grave o enfermedad terminal.

En un sistema de salud que es tan consciente de los costos y tan orientado al lucro, me temo que las prescripciones letales para cometer suicidio muy pronto se convertirán en la única “opción de tratamiento” aceptable para nuestros hermanos y hermanas más vulnerables. Me temo que en nuestro sistema de atención a la salud, el suicidio se promoverá como la alternativa más “eficiente” y económica.

La triste realidad es que millones de californianos no pueden darse el lujo de pensar en una “muerte” digna.

Están demasiado ocupados batallando con los salarios bajos y la escasez de oportunidades de trabajo, con los costos de la vivienda y con los problemas de su vecindario; con una deficiente atención médica de la salud, y con la discriminación.

La prioridad de nuestro gobierno debería ser ayudar a hacer que la gente pudiera llevar una vida —no una muerte— más digna.

Y los legisladores necesitan ser honestos en el lenguaje que usan, para que podamos entender lo que realmente estamos haciendo con esta legislación. No estamos legalizando la “ayuda para morir”.

Lo que la legislatura está legalizando es la capacidad de un doctor de recetar medicamentos con el propósito expreso de matar a otro ser humano.

Y tenemos que preguntarnos: ¿Es éste el legado que queremos dejarle a las futuras generaciones de californianos? ¿El legado de que ante el dolor y el sufrimiento humanos, nosotros, como sociedad, respondimos haciendo que sea más fácil matar a los que sufren?

Creo que somos un pueblo mejor que eso. Y creo que podemos encontrar una manera verdaderamente compasiva para ayudar a todos los californianos a controlar el dolor, a recibir tratamiento para sus enfermedades y a prepararse para la muerte.

Pero no hay “soluciones rápidas”. Es algo que ha de requerir paciencia, mucho estudio y decisiones deliberadas.

Desafortunadamente, los líderes de la Asamblea y del Senado apuraron la aprobación de este proyecto de ley en las tres semanas de esta sesión “extraordinaria”. Llevaron a cabo sólo dos audiencias y debates de piso, y apenas consideraron algunas de las cuestiones más profundas relacionadas con la atención necesaria para el final de la vida.

Para abordar con verdad estos problemas, tenemos que estudiar las complicadas cuestiones que atañen a los costos de los tratamientos, especialmente a los costos de los medicamentos para el cáncer. Necesitamos estudiar las prácticas de las compañías de seguros que limitan, tangiblemente, el acceso a los cuidados paliativos y restringen las opciones a las que los médicos tienen acceso para proporcionar alivio al dolor y cuidados paliativos.

Tenemos que ser conscientes de las limitadas opciones de atención a la salud disponibles para los pobres, los ancianos, las minorías y los discapacitados. Tenemos que considerar el entrenamiento y la educación que les proporcionamos a los médicos especializados en cuidados paliativos y geriatría.

Y tenemos que entender también los aspectos espirituales y psicológicos que afectan a los que están muriendo, y los efectos que esto tiene en sus familias y en sus seres queridos.

Nuestros legisladores ni siquiera han estudiado cómo está funcionando el suicidio asistido por un doctor en los estados y países en donde ya es legal.

Hay informes bien fundamentados acerca de graves abusos y complicaciones en Oregon, Washington, Quebec y Bélgica, entre otros lugares.

Al respecto, se ha mencionado que los pacientes están siendo coaccionados por los médicos y por los miembros de la familia para “elegir” el suicidio antes que la continuación del tratamiento. En otros lugares, los doctores están enfrentando amenazas legales cuando no proporcionan prescripciones médicas para causar la muerte.

Y, nuevamente, surge la pregunta: ¿Es éste el legado que queremos para el futuro de California?

Y si abrimos la puerta que permite a los médicos ayudar a que los pacientes con enfermedades terminales se maten, ¿cómo vamos a evitar que otros exijan ese mismo “derecho”? ¿Estamos abriendo la puerta a la “muerte por pedido”, aprobada por el Estado y accesible a cualquier persona que lo desee?

Esta legislación —y el proceso por el cual se aprobó— no es digna de nuestro gran estado.

Así que esta semana, oremos por el gran estado de California. Y les ruego insistentemente que se unan a mí en pedirle al gobernador Brown que vete esta legislación e insista en que nuestros legisladores emprendan un estudio abierto y reflexivo acerca de nuestra manera de vivir y morir en California.

Y que nuestra Santísima Madre María, Trono de Sabiduría y Salud de los Enfermos, nos guíe en este importante momento de nuestro estado y de nuestra nación.

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*La columna de opinión de Mons. José Gomez está disponible para ser utilizada gratuitamente en versión electrónica, impresa o verbal. Sólo es necesario citar la autoría (Mons. José Gomez) y el distribuidor (ACI Prensa)