La Fundación Española de Abogados Cristianos ha pedido la suspensión cautelar del debate en el Tribunal Constitucional (TC) sobre la ley del aborto por dudas acerca de la imparcialidad de algunos magistrados.
Abogados Cristianos pide a través de una querella ante el Tribunal Supremo que se impongan "medidas cautelarísimas" para que suspenda el pleno en el que se delibera sobre el aborto "hasta que se esclarezca esta situación".
La entidad también solicita que actúe contra el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, por un presunto delito de prevaricación.
La querella se presenta por no permitir la abstención de la magistrada Concepción Espejel al considerar que no cumplía los requisitos de imparcialidad.
El TC rechazó ayer la petición. Como el informe que votó sobre la ley de aborto cuando era miembro del Consejo General del Poder Judicial no fue aprobado, deduce que "no fue incorporado al proceso legislativo".
En la misma situación se encuentra la magistrada Inmaculada Montalbán que, sin embargo, no ha presentado su abstención.
La fundación que preside Polonia Castellanos considera, además, que Conde-Pumpido tendría que abstenerse "porque era fiscal general del Estado en el momento de la tramitación de la Ley y ya se pronunció a favor".
Sin embargo, esta misma mañana el Pleno del TC no ha admitido un escrito de recusación por falta de imparcialidad contra Conde-Pumpido y otros tres magistrados.
"La inadmisión a trámite se fundamenta en que los exdiputados firmantes carecen de legitimación a título particular y en su propio nombre para solicitar la recusación", explica el TC en un comunicado.
El profesor Borja Sánchez, de la Universidad Católica de Valencia (UCV) sostiene, "a la espera de conocer la argumentación exhaustiva del Tribunal, solo apuntada en su nota de prensa, que los argumentos del TC para no admitir la admisión de la magistrada Espejel parecen bastante creativos y se apartan de la literalidad de la norma de la LOPJ".
El jurista explica a ACI Prensa que "el haber participado directa o indirectamente en un asunto no debería permitir tomar una decisión sobre él" según la norma que rige el sistema judicial español.
El TC argumentó que Espejel no podía abstenerse al no tratarse de un asunto entre particulares o que la actuación es de hace muchos años. Para Sánchez, a salvo de leer la argumentación completa del TC, "parece bastante forzado".
"Es verdad que la norma dice que el Pleno tiene que aceptar o no las abstenciones, pero es bastante llamativo obligar a votar a una magistrada que se considera comprometida en su imparcialidad", añade.
Esta decisión "parece bastante injustificada y puede minar ante la ciudadanía la ya mermada credibilidad de un Tribunal Constitucional excesivamente politizado", subraya el profesor de la UCV.
Respecto de la inadmisión de la recusación de los magistrados por falta de legitimación decidida esta mañana, el jurista entiende que "como tienen deber de abstenerse, en el fondo da igual que haya petición de recusación o no, porque directamente se tienen que apartar".
Para la presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, "el deterioro que está padeciendo nuestro Estado de Derecho es tan alarmante que nos vemos obligados a solicitar la actuación del Tribunal Supremo".
La entidad ya anunció ayer que ha denunciado la situación ante la Comisión Europea "por el grave riesgo de convertirnos en un Estado fallido", argumenta Castellanos.
Abogados Cristianos considera que las sentencias europeas avalan su postura.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) establece que "si hay riesgo de que el juez es parcial, la obligación del demandante de recusar al juez se equilibra con la responsabilidad del juez de abstenerse en el asunto antes del inicio del juicio".
La entidad informa, además, que en otra sentencia el TEDH afirma que "la justicia no sólo tiene que aplicarse, sino que también tiene que aparentar que se administra".
En este sentido, subraya la sentencia, "lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar en los ciudadanos de una sociedad democrática".
El recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto de 2010 fue presentado hace 13 años. Entonces fue calificado como "prioritario".
Desde entonces, más de un millón de personas han sido abortadas según las cifras oficiales.
La plataforma Derecho a Vivir ha convocado esta tarde una vigilia de oración ante el TC "para rezar por los jueces y por los millones de vidas humanas sacrificadas por la ley del aborto, y otros miles de vidas que dependerán de la decisión de los magistrados", ha explicado la portavoz de Derecho a Vivir, Inmaculada Fernández.
ACTUALIZACIÓN: 8 de febrero de 2023 a las 18:15 GMT+2
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