Ministra acusa a la Iglesia Católica de "encubrir" casos de abusos

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, del partido Podemos, acusó a la Iglesia Católica de ser cómplice "demasiadas veces" de encubrimiento de violencia sexual contra menores, pese a que el estudio de la Fundación ANAR, que abarca del 2008 al 2019, reveló que los sacerdotes son responsables del 0,2% de los casos de abusos sexuales en España.

Belarra hizo su acusación ayer en el Congreso de los Diputados de España, durante la votación y aprobación del proyecto de ley orgánica de protección a la infancia y a la adolescencia ante la violencia, también conocida como Ley Rhodes. 

Aunque al PP le moleste hay que decir la verdad para proteger a los/as niños/as de la violencia sexual.

Es el objetivo de la ley que hoy aprobamos: entender que la violencia contra los niños no es aceptable en ninguna de sus formas.

Por Emiliano y todos los supervivientes. pic.twitter.com/6J2bJJ4eQ8

- Ione Belarra (@ionebelarra) April 15, 2021

"Es una verdad incómoda pero hay que decir que la Iglesia católica ha sido cómplice demasiadas veces en este país encubriendo la violencia sexual hacia los niños, y esto tiene que terminar", dijo, e hizo referencia al caso de Emiliano, un joven que sufrió abusos sexuales a los 10 años de parte de un sacerdote en el seminario donde estudiaba. 

Posteriormente, Belarra dijo en la Cadena Ser que los católicos son los "primeros interesados" en que se conozcan los casos de violencia sexual y que "no siga existiendo complicidad" dentro de la Iglesia. 

La Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) publicó en febrero de 2021 el informe "Abuso sexual en la infancia y la adolescencia según los afectados y su evolución en España" que abarca desde el año 2008 al 2019, en el que se refleja que el 23,3% de los casos de abuso sexual a niños fueron cometidos por el padre de la víctima, frente al 0,2% cometidos por sacerdotes. 

Por su parte, la Conferencia Episcopal Española (CEE) calificó este viernes las palabras de Belarra como "una acusación gravemente injusta que pretende ensuciar la actividad de millones de personas durante décadas y que no se corresponde en absoluto con la verdad".

Asimismo, en referencia a los datos de la Fundación ANAR, el Episcopado señaló que "el 0,2% de los casos se han dado en actividades religiosas" y que aunque es "para nosotros grave, pone en su magnitud las dimensiones del problema y señala los entornos en los que se producen mayoritariamente los abusos, que deben tener especial atención y protección".

La ley de protección a la infancia frente a la violencia fue aprobada en el Congreso de los Diputados y ahora debe ser ratificada en el Senado. Se prevé que se apruebe de manera definitiva en junio. 

Los principales puntos de esta ley de protección a la infancia se centran en que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no comenzará a correr hasta que la víctima haya cumplido 35 años, y no 18, como hasta ahora. 

Los menores de 14 años o personas con discapacidad sólo deberán declarar una vez durante la fase de instrucción del proceso judicial, tendrán derecho a una defensa y representación gratuitas y quienes adviertan indicios de violencia ejercida sobre menores están obligados a denunciar ante la autoridad correspondiente. 

A esta ley se la conoce como "ley Rhodes" en referencia al pianista James Rhodes que sufrió abusos sexuales durante su infancia y que ha trabajado para que se apruebe en España esta ley, que es una de las más avanzadas en prevención y reparación.