Iglesia en Argentina se solidariza con Chile en estos momentos de violencia

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó el 22 de octubre su solidaridad con los Obispos de Chile por la situación que vive el país sudamericano en estos días.

El presidente de la CEA, Mons. Oscar Ojea; y el secretario de la misma, Mons. Carlos Malfa, dirigieron una carta al presidente de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh), Mons. Santiago Silva.

"En nombre de la Iglesia en la Argentina, te expresamos nuestra solidaridad y la seguridad de nuestra oración ante la gravedad del momento que están viviendo", manifestaron.

Los obispos de Argentina compartieron el sentir del Comité Permanente de la CECh titulado "Cuidar la convivencia: la paz es fruto de la justicia", y renovaron la "comunión fraterna y la cercanía que pueda contribuir a la búsqueda del bien común y la paz social". 

En su mensaje también pidieron "a Dios que ilumine a todos para encontrar caminos que, desde el diálogo y la amistad social, alcancen la equidad y el desarrollo en esa nación hermana". 

Por último, invocaron la intercesión de la Virgen del Carmen, patrona de Chile, "para todo el pueblo y en especial por los más pobres y los que sufren la violencia". 

Por qué se desató la violencia en Chile

El estallido social comenzó el lunes 14 luego de que grupos de estudiantes encabezaron manifestaciones masivas en varias estaciones del Metro de Santiago, en respuesta a la convocatoria que alentó a ingresar al tren subterráneo sin pagar el pasaje que aumentó a 830 pesos chilenos (unos 1,17 dólares). 

Esta acción se mantuvo durante la semana en distintos horarios, hasta que el jueves 17, algunos grupos comenzaron a destruir los torniquetes de ingreso y dañar las estaciones y la vía pública. Al día siguiente aumentó violencia y esto obligó a las autoridades a decretar el estado de emergencia y toque de queda para intentar restablecer el orden.

Detrás del alza del precio del transporte público hay una problemática de fondo que se acentuó en los últimos años debido a una marcada desigualdad social; fruto de los compromisos sin cumplir de los distintos gobiernos, como los de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

El aumento de la delincuencia, la dificultad para acceder a una vivienda propia, el alza en los precios de los servicios básicos, la falta de un sistema educacional equitativo, las pensiones de jubilación que bordean los 150 dólares, y el sueldo mínimo de 415 dólares que obliga a las familias a endeudarse, son algunos de los factores que afectan directamente a los chilenos.

Entre otros temas se sumó el anuncio del recorte presupuestario de la salud pública, y el recuerdo colectivo de los desfalcos millonarios de instituciones del estado como Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas y la colusión de algunos empresarios en precios de bienes de consumo.

Si bien se aprobó una ley para detener el alza del precio del transporte público, que puede representar hasta un 30% del ingreso de una familia, las manifestaciones en su mayoría pacíficas se mantienen en las calles a la espera de políticas públicas que permitan una vida digna para todos.