Florista lleva caso de libertad religiosa a la Corte Suprema de Estados Unidos

Barronelle Stutzman, una anciana de 72 años y propietaria de una florería en Estados Unidos, está pidiendo a la Corte Suprema de su país que la proteja de una sentencia del tribunal estatal de Washington que podría destruirla financieramente, debido a que sus creencias religiosas le impidieron brindar sus servicios a una boda gay.

"Si el gobierno puede arruinar a Barronelle por vivir pacíficamente y trabajar según su fe, puede castigar a cualquier otra persona por expresar su creencia", dijo el 14 de julio al Tri-City Herald la abogada de Stutzman, Kristen Waggoner, que pertenece al grupo legal Alliance Defending Freedom.

En 2013, Barronelle Stutzman, propietaria de Flores de Arlene en Richland (Washington), declinó dar sus servicios a una boda homosexual, al señalar que sus creencias cristianas afirman que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Luego, recomendó a su cliente a otra tienda floral cercana.

Su abogada aseguró que "el gobierno no debería tener el poder de obligar a una abuela de 72 años a perder su libertad por dirigir su negocio familiar. Cualquiera que apoye los derechos de la Primera Enmienda que garantiza la Constitución de los Estados Unidos, debería estar con Barronelle".

"Nuestra nación tiene una larga historia de proteger el derecho a disentir", señaló Waggoner. Sin embargo, denunció que Barronelle puede perder todo lo que posee solo porque "no está de acuerdo" con las uniones del mismo sexo.

La abogada dijo que la decisión judicial no solo puso en peligro los negocios de Stutzman, sino también puso en peligro los ahorros de su familia, su fondo de jubilación y su hogar.

Waggoner añadió que su cliente se enfrentó a "sanciones onerosas" simplemente por ejercer un derecho de libre expresión.

La petición legal fue presentada el 14 de julio ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

La denuncia sostiene que el razonamiento de los tribunales de Washington es tan amplio que "se extiende a casi todos las organizaciones creadas con fines de lucro" y es "particularmente peligroso". También es peligrosa la "naturaleza extrema" del castigo para el dueño de la tienda pues la deja en bancarrota.

Los tribunales estatales dictaminaron que la mujer debía pagar multas y honorarios de abogados que podrían superar los 2 millones de dólares.

El 14 de julio de 2013, Stutzman aseguró que "nunca hubo un problema con que (el cliente) sea gay, al igual que con ninguno de mis otros clientes o empleados", luego de afirmar que ella y su cliente han sido amigos durante años.

"Ahora el estado está tratando de utilizar este caso para obligarme a crear una expresión artística que viola mis creencias más profundas, me quita el trabajo y los ahorros de mi vida, y también daña a mis trabajadores. No estoy pidiendo nada que nuestra Constitución me prometa a mí y al resto de estadounidenses: el derecho a crear libremente y de vivir mi fe sin miedo al castigo o la interferencia del gobierno", añadió.

La abogada Waggoner dijo que el caso es similar al de la pastelería de Jack Phillips, en Colorado, porque el propietario se negó a hacer un pastel de bodas a una pareja del mismo sexo y tuvo que enfrentarse a "sanciones agobiantes".

Alliance Defending Freedom pidió a la Corte Suprema que consolide el caso de Stutzman con el caso de Phillips.

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- ACI Prensa (@aciprensa) 19 de julio de 2017