El Vaticano exigirá, a partir del día de hoy, a todos los directivos y altos funcionarios de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, firmar una declaración jurada en la que atestigüen que no han sido condenados ni han sido investigados por delitos de terrorismo, lavado de dinero, explotación de seres humanos o evasión fiscal.
Esta medida se establece por medio de una Carta Apostólica en forma motu Proprio del Papa Francisco en virtud de la cual se establecen disposiciones sobre la transparencia en la gestión de las finanzas públicas.
Según se establece en el Motu Proprio firmado por el Pontífice, se trata de una medida que afecta a los niveles funcionales C, C1, C2 y C3, es decir, a Cardenales jefes de dicasterio y sub directores con contrato directivo por cinco años en la Curia, además de a todos aquellos funcionarios que tengan responsabilidad administrativa.