A dos meses de las protestas en Cuba, religiosos siguen exigiendo justicia para detenidos

Por Diego López Marina

10 de septiembre de 2021

Sep 10, 2021

Dos meses después de las masivas protestas contra el régimen dictatorial cubano (11J), la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas (CONCUR), denunció irregularidades en los procesos que se siguen contra los detenidos por las manifestaciones.

El pasado 11 de julio ocurrieron espontáneamente protestas en toda Cuba en contra del régimen comunista del presidente Miguel Díaz-Canel, sucesor de los dictadores Fidel y Raúl Castro. El gobierno respondió con violencia y con detenciones arbitrarias.

En un comunicado emitido el jueves 9 de septiembre, el Servicio de Acompañamiento de la CONCUR, reiteró "la necesidad del cumplimiento estricto de la legalidad aplicando la ley en favor de los imputados y el sobreseimiento libre [archivamiento] de las actuaciones, en los casos de los manifestantes pacíficos".

La organización constató, "con pesar", las "reiteradas negativas" de las autoridades "a los cambios de medidas cautelares solicitados por los abogados, así como la no consideración de las pruebas presentadas para este fin".

Asimismo, la CONCUR denunció "la dificultad, y en muchos casos hasta la imposibilidad, de los abogados de entrevistarse con sus representados por la compleja situación epidemiológica del país y de las prisiones", y de igual forma "la limitada comunicación de los detenidos con sus familiares".

Los religiosos también reclamaron por "el lento procesamiento de las diligencias investigativas de los hechos, así como los escasos elementos probatorios de los presuntos delitos".

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La ONG española defensa legal pro derechos humanos, Prisoners Defenders, reportó el 2 de septiembre "que la cifra de detenidos en la isla del día 11 al día 17 de julio, periodo sin obligatoriedad de acusación fiscal para la detención, ha sido superior a los 5000 detenidos como mínimo".

"Estimaciones más alcistas de nuestro equipo podrían situar la cifra entre los 6000 y los 8000 detenidos", continúa.

El estudio de Prisoners Defenders se basó "en la analítica de más de 100 entrevistas con personas afectadas por las detenciones, sobre un universo de más de 550 registros de detenciones recabados" por la misma organización.

El informe publicado por la ONG, también "arroja la cantidad de personas que permanecieron detenidos una vez pasados dichos días, en dependencias policiales y prisiones, mediante autos de limitación de libertad decretados por fiscales o mediante sentencias judiciales: han sido más de 1500 personas".

De esos 1500 casos, Prisoners Defenders señala que se pudo constatar "una lista de 381 casos verificados de convictos y condenados políticos".

"De los juicios celebrados hasta la fecha, el estudio refleja que la gran mayoría, al menos superior al 85%, se han celebrado de forma sumaria, y en particular ha tenido predominancia el juicio por el Proceso Sumario por Atestado Directo, como ya avisó Lisnay María Mederos Torres, Fiscal Jefe de la Dirección de Procedimientos Penales de la Fiscalía General del Estado en la televisión cubana, proceso que es policial y no judicial, donde los acusados van a juicio sin necesidad de fiscal ni abogado, y donde pueden recibir penas de prisión que oscilan entre los meses y varios años en función del número de delitos imputados, siempre que cada delito imputado no supere la pena de un año de privación de libertad", explicó la organización.

Según la ONG española, "todos los acusados que han sufrido procesos sumarios han sufrido privaciones de libertad arbitrarias, tan solo ateniéndonos al proceso empleado".

Señaló que el 11J "no ha sido solo un ataque contra el pueblo cubano", sino "una agresión contra el ser humano como especie".

"La articulación de la represión ha sido un experimento exitoso a corto plazo de control y sometimiento de la especie humana mediante la violencia, la censura, la técnica mediática, las relaciones internacionales, y la pasividad de otros gobiernos, como el español y el europeo, que han preferido visualizar la obra de teatro puesta en marcha sin tomar partido tajante e irrestricto por la defensa inmediata, efectiva y profunda de la integridad física, derecho a la libertad y derechos más fundamentales de miles de seres humanos", concluyó.

Diego López Marina
Nací en 1991. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Desde 2015 trabajo como periodista digital. Inicié mi carrera en el Diario El Comercio de Perú. En 2016, comencé como redactor en ACI Prensa y me desempeño como editor web desde 2018. A partir de 2024, escribo el newsletter para social media. Me especializo en noticias católicas centradas en la defensa de la vida y la familia, política internacional, tecnología, cultura popular y el Vaticano.