MANILA,
El misionero irlandés en Filipinas, P. Shay Cullen, alertó que se han producido más de 6.000 muertes de presuntos traficantes de drogas en el país en el último medio año. Mil de estas ejecuciones extrajudiciales se habrían producido en diciembre de 2016.
"Matar a mil personas al mes, como se hace ahora, está lejos de ser un hecho que hay que infravalorar. Se trata de la pena de muerte más cruel jamás vista que se practica todos los días. Es un crimen monstruoso para contrarrestar a los pequeños traficantes", explicó el P. Cullen a la Agencia Fides este 5 de enero.
En agosto del 2016 la Iglesia en Filipinas lanzó una campaña para promover el respeto a la vida humana y rechazar las ejecuciones extrajudiciales, que estarían siendo alentadas por el presidente´del país, Rodrigo Duterte, en su guerra contra las drogas.
Asimismo, a finales del año pasado la Policía Nacional Filipina informó que el número de asesinados desde que el presidente Duterte asumió el cargo el 1 de julio, fue de 5,927, de los cuales 2,086 perdieron la vida en operaciones policiales y los restantes 3,841 a manos de civiles.
"Para algunos puede ser un gran éxito: se trata de una pena de muerte de 'facto', sin necesidad de una ley sobre la pena capital o de largos procesos en los tribunales. La eliminación de presuntos delincuentes con la ejecución es mucho más eficaz, según los partidarios de esta política. En todo esto hay algo siniestro y cruel", explicó el misionero también encargado de obras sociales en favor de niños abandonados, mujeres explotadas y drogadictos.
El P. Cullen señaló que "este fenómeno, ampliamente denunciado por las organizaciones no gubernamentales en los últimos meses, no parece detenerse de ningún modo, o más bien parece que cuenta con la abrumadora aprobación del 76% de los filipinos".
"El Parlamento podría aprobar la restauración de la pena de muerte, a pesar de todos los argumentos en contra de esta práctica: no disuade a la delincuencia, mata a inocentes y sospechosos, y además la mayoría de estos son pobres que no pueden pagarse un abogado; es cruel y priva al acusado de la posibilidad de redención; va contra el valor sagrado de la vida y de la dignidad de la persona humana", criticó.
Finalmente, el misionero pidió un "alto al fuego" debido a que los sospechosos no tienen la oportunidad de defenderse de sus acusadores, como es su derecho constitucional.
"Estos derechos han sido suspendidos y el reto ahora es restaurarlos", concluyó.
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