GUATEMALA,
En un comunicado dado a conocer hoy, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) solicitó al Congreso de este país abolir la pena de muerte, en el marco del debate actual que algunos usan como propaganda política por la ineficacia del sistema judicial.
En el texto firmado por Mons. Pablo Vizcaíno Prado, Presidente de la CEG, se señala que actualmente la pena de muerte es cuestionada en diversos ámbitos de la sociedad debido a la sensibilidad, cada vez más aguda, que ha generado en las personas los diversos atentados contra la vida como el aborto y la experimentación con embriones.
Sobre la pena capital, indican los obispos, actualmente es casi imposible justificarla en la responsabilidad que tienen las autoridades del Estado de proteger a la sociedad de sus agresores. "No se trata de renunciar a la defensa legítima de la sociedad frente a las agresiones criminales, sino de recurrir a medios no cruentos para realizar esta defensa. La oposición a la pena de muerte no significa ni quiere ser un sí a la impunidad", explican.
"Censuramos como moralmente irresponsable la promoción de la pena de muerte como propaganda política, pues la desesperación ciudadana por la ineficacia del sistema judicial se combate mejorando el sistema judicial y penitenciario y no aplicando la pena capital. En la aplicación de la pena de muerte late a veces un deseo de venganza disfrazado de justicia", prosigue el comunicado.
Tras precisar que la violencia no se combate con más violencia avalada por el Estado y que en cambio debe enfrentarse con el fortalecimiento del sistema judicial y adecuadas políticas de desarrollo social, los obispos solicitan al "Congreso que de la República que haga uso de la facultad que le concede la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 18 y decrete la abolición de la pena de muerte".
Actualmente en el país algunos políticos de la oposición han pedido aplicar la pena de muerte como si fuera la solución contra la delincuencia. Esto ocurrió tras el veto del 4 de noviembre del presidente de la República, Álvaro Colom, a una ley aprobada por el Congreso que restituía el indulto presidencial para los condenados a la pena de muerte por considerar que la norma viola la Constitución.
Según señala Efe, en la actualidad hay 41 presos condenados a muerte en Guatemala, por delitos de asesinato, ejecución extrajudicial y secuestro. Guatemala, Cuba y Estados Unidos son los únicos países de América que contemplan la pena capital.
Para leer el comunicado completo de los obispos ingrese a: http://www.iglesiacatolica.org.gt/20101118.pdf
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