VALENCIA,
El Arzobispo de Valencia, Mons. Agustín García-Gasco, explicó que la Iglesia propugna la laicidad del Estado como “un compromiso para garantizar a todos” la libertad de vivir “las propias convicciones religiosas”.
En su carta semanal “Laicidad sí, laicismo no”, el Prelado señaló que se debe distinguir entre ambos conceptos que pueden ser “parecidos en la forma, pero que tienen significados radicalmente distintos”.
“La ‘laicidad’ del Estado como garantía de las libertades es algo positivo, mientras que el ‘laicismo’ supone excluir la religión del ámbito público”, explicó. Asimismo, dijo que “es imprescindible trabajar para que la ‘laicidad’ no se interprete como hostilidad contra la religión”.
El Papa Benedicto XVI, señala el texto, afirma que “una sana laicidad del Estado” puede ser provechosa porque permite que las realidades temporales se rijan “según normas que le son propias”. Añade que un Estado laico “también tendrá que dejar lógicamente espacio en su legislación” a la “dimensión espiritual” del hombre.
“Las personas no estamos obligadas a vivir la vida laboral, social, cultural y política, censurados ante la posibilidad de plantearnos el sentido último de las cosas”, afirmó Mons. García-Gasco.
En este aspecto, advirtió que marginar la enseñanza religiosa de la educación tendrá consecuencias dañinas en el hombre, el cual tiene derecho a preguntarse sobre el sentido de la vida “y a conocer las respuestas que nos ofrece la dimensión religiosa”.
Señaló que negar este derecho “es un intolerable atropello contra las conciencias de los padres y de los educadores”. Además, afirmó que “nadie está legitimado para imponer el silencio sobre lo esencial”.
“Nadie debe poner la voluntad política de las mayorías coyunturales por encima del derecho de los padres a decidir sobre el modo de educar a sus hijos y de mostrarles que la felicidad del ser humano no está en las cosas materiales sino en el amor al prójimo y a Dios”, expresó el Prelado.
En su carta, el Arzobispo de Valencia llama a los padres de familia y a la sociedad en su conjunto, a defender la “verdadera libertad educativa” usando “todos los cauces que permite la democracia y la Constitución Española”.
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