La Iglesia Católica apoyó la aprobación por parte del Gobierno de un proceso de regularización masiva de inmigrantes que afectará a unas 500.000 personas como “una oportunidad para colaborar en el bien común”, según afirmó el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Mons. Luis Argüello.
Este martes 27 de enero el Consejo de Ministros aprobó un Real decreto de tramitación urgente que está dirigido a los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 y a las personas que llevaran un mínimo de cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025.
Este procedimiento dará derecho a una autorización de residencia y permiso de trabajo por un año. Pasado ese periodo, se podrán acoger a lo previsto en el Reglamento de Extranjería.
La CEE considera, en una nota difundida tras el anuncio de la medida, “que la regularización extraordinaria es un complemento imprescindible al Reglamento de Extranjería, al ofrecer respuesta a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias”.
“El reglamento de extranjería ha supuesto un avance en algunas cuestiones, pero está sufriendo ajustes frecuentes y adolece de algunas lagunas que ameritarían su reforma para consolidarlos”, añade.
En concreto, dicho reglamento no estaría dando respuestas a personas sin posibilidad de acreditar los dos años de permanencia exigidos, a menudo por pérdida de documentos en situaciones de precariedad o emergencia; personas indocumentadas, que no pueden acceder a la cédula de inscripción debido a trámites excesivamente rígidos; personas con difícil empleabilidad por edad, discapacidad, sinhogarismo o enfermedad crónica; trabajadores que, aun pudiendo trabajar, no logran presentar un contrato formal previo debido a la lentitud de la administración; solicitantes de protección internacional denegada, que quedan atrapados en largos periodos de irregularidad y familias con niños en situación irregular que, aún cumpliendo requisitos, no podrán ser regularizadas.