Tras una serie de hechos violentos registrados recientemente en Guatemala, el Gobierno del país decretó estado de sitio a nivel nacional, mientras que la Iglesia Católica exhortó a la paz y a la oración como caminos para enfrentar la crisis de seguridad.
El pasado 17 de enero, el presidente Bernardo Arévalo anunció esta medida extraordinaria con vigencia de 30 días, que permite al Estado, entre otras facultades, realizar detenciones sin la necesidad de una orden judicial.
La decisión se produjo luego de que el pasado 17 de enero se registraran motines simultáneos en tres centros penitenciarios del centro y sur del país, donde internos tomaron rehenes con el objetivo de presionar a las autoridades para obtener beneficios.
Ese mismo día, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó en conferencia de prensa que las exigencias provenían de Aldo López Ochoa, líder del Barrio 18, una agrupación criminal calificada por la Administración de Control de Drogas (DEA, sigla en inglés) como una organización terrorista.
El funcionario explicó que esta persona buscaba su traslado a otro centro penitenciario y que, previamente, ya existían reportes sobre las solicitudes de este líder criminal para obtener privilegios en la cárcel en la que se encuentra, entre ellos, la instalación de aire acondicionado, el ingreso de una cama más grande, alimentos de restaurantes y otras comodidades que, subrayó, “el Estado no está dispuesto a conceder”.