La batalla legal de 14 años contra los mandatos federales de anticonceptivos continuará, ya que las Hermanitas de los Pobres y el gobierno federal de Estados Unidos buscan restituir las exenciones morales y religiosas que se establecieron en 2017.
Las Hermanitas de los Pobres ya han ganado en dos ocasiones casos de libertad religiosa sobre este tema ante la Corte Suprema. El alto tribunal dictaminó en 2016 que el gobierno federal debe proteger las libertades religiosas de quienes se oponen a los anticonceptivos y, en 2020, falló que el gobierno federal tenía la autoridad legal para adoptar las amplias exenciones establecidas en 2017.
Esas exenciones cubrían plenamente a los empleadores que tuvieran objeciones religiosas o morales a proveer los anticonceptivos, algunos de los cuales pueden ser abortivos. Bajo esas normas, dichos empleadores no estaban obligados a incluir ninguna cobertura anticonceptiva en sus planes de seguro para empleados.
A pesar de las victorias anteriores en la Corte Suprema, un tribunal federal en agosto de 2025 anuló las exenciones de 2017, argumentando que la Corte Suprema aún no se había pronunciado sobre ciertos aspectos.
Debido a que la Corte Suprema dejó abiertas algunas cuestiones, los fiscales generales de dos estados que desaprueban las exenciones —Pensilvania y Nueva Jersey— continuaron su batalla legal por otros motivos. Esos argumentos jurídicos alegan que la adopción de las normas no cumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act, APA), sobre la cual la Corte Suprema no se había pronunciado.
En el fallo de agosto, la jueza Wendy Beetlestone determinó que las normas no cumplían con la APA y sostuvo, en cambio, que las normas son arbitrarias y caprichosas.