Los representantes de los obispos católicos ante la Unión Europea reiteraron su petición de que el bloque actúe con firmeza contra la persecución anticristiana en el mundo, restableciendo la figura del enviado especial para la libertad religiosa.
Al concluir su asamblea de otoño, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) señaló que “la libertad de pensamiento, conciencia y religión es un derecho humano inalienable consagrado en el artículo 10 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE” que sigue siendo “gravemente amenazada en muchas regiones del mundo”.
En un comunicado, los prelados expresaron su“creciente consternación” por “la discriminación y persecución que sufren las personas, las minorías religiosas y las comunidades de fe —en su mayoría cristianas—” que son “objeto de ataques por sus creencias”.
Al mismo tiempo, la COMECE reconoce que la UE “ha afirmado constantemente su compromiso con los derechos humanos como pilar central de su acción exterior”. Sin embargo, señala que “los mecanismos existentes son en sí mismos muy valiosos, pero carecen de la autoridad y la visibilidad necesarias para abordar esta crisis con el vigor y la coherencia necesaria”.
“La gravedad de la situación exige una respuesta más firme, dedicada e institucionalizada”, prosiguen los obispos, quienes sostienen que la UE “tiene la responsabilidad particular de defender estos valores más allá de sus fronteras”.