Una demanda por 1.800 millones de dólares presentada por un activista anónimo y el estado de Texas (Estados Unidos) busca recuperar dinero que, según ellos, Planned Parenthood tomó ilegalmente de Medicaid.
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos escuchó los argumentos este jueves 25 de septiembre en el caso Doe v. Planned Parenthood.
Cuando se descubrió que Planned Parenthood vendía tejido y órganos fetales, Luisiana y Texas actuaron rápidamente para revocar la elegibilidad de la organización para Medicaid. Órdenes judiciales retrasaron la revocación.
Mientras los tribunales debatían la elegibilidad de Planned Parenthood, el grupo siguió presentando solicitudes de reembolso a Medicaid a pesar del estatus incierto hasta 2020, cuando el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito falló a favor de los estados.
En una demanda presentada en 2021, un denunciante demandó a Planned Parenthood bajo la Ley de Reclamaciones Falsas. Diseñada para proteger el dinero de los contribuyentes de actores fraudulentos, la Ley de Reclamaciones Falsas exige que “cualquier persona que a sabiendas presente, o induzca a presentar, reclamaciones falsas al gobierno será responsable de tres veces la indemnización por daños y perjuicios del gobierno, más una multa vinculada a la inflación”, según el sitio web del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La líder provida y experta legal Jennie Bradley Lichter calificó el caso como una “amenaza existencial” para Planned Parenthood en un artículo de opinión en The Hill.