España: 5 claves en torno a la polémica sobre libertad religiosa en Jumilla

2. Propuesta de moción original en el Ayuntamiento 

El único concejal de Vox en la localidad, Juan Agustín Carillo, impulsó una moción en la que instaba al Ayuntamiento de Jumilla a “prohibir la celebración pública de la denominada ‘Fiesta del cordero’ u otras conmemoraciones ajenas a nuestras tradiciones, por tratarse de prácticas incompatibles con la identidad y usos y costumbres de nación española”. 

Vox es un partido político creado en 2013, cuyos ejes ideológicos fundacionales propugnan la unidad territorial; el rechazo a la inmigración ilegal, en especial si proviene de países de tradición islámica; y la defensa de la vida humana y la familia frente a la ideología de género. 

La moción también pretendía el rechazo de la corporación municipal a que dicha tradición musulmana se realice “en espacios públicos autonómicos o municipales, por tratarse de una práctica cultural ajena a España”.

Esta iniciativa también instaba a impedir “la consolidación de prácticas culturales foráneas que no forman parte de la tradición española y que inciden sobre la cohesión social, generando tensiones y conflictos internos, desarraigo y erosión de la identidad nacional”.

En cuarto lugar, Vox proponía reivindicar “el respeto y la protección de las tradiciones propias del pueblo español en el espacio público frente al avance de costumbres ajenas impulsadas por políticas de cesión ideológica, electoralismo o presión económica”. 

La moción fue llevada al pleno municipal del pasado 28 de julio, sin embargo, no fue aprobada en estos términos, pese a que Vox lo celebró a través de las redes sociales: “Jumilla hace historia. Gracias a @vox_es se aprueba la primera medida en España que impide celebrar fiestas islámicas en espacios públicos. ¡España es y será siempre tierra de raíces cristianas!”.

3. La moción aprobada no hacía referencia a los musulmanes

Dado que el Partido Popular (PP) tiene mayoría en el municipio, impulsó y aprobó una enmienda a la moción de Vox, en la que, sin alusiones a los musulmanes, se instaba a “promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad protejan los valores y manifestaciones religiosas en nuestro país”. 

El Partido Popular fue fundado en 1989. En su último congreso, celebrado el pasado mes de julio, sostiene en su Ponencia Política que sus valores “nacen del humanismo cristiano, la dignidad de la vida humana, la libertad, la responsabilidad, la justicia, la igualdad, la solidaridad y el carácter subsidiario del Estado”.  

Sin embargo, cada vez es mayor su lejanía respecto de los principios no negociables desde el punto de vista del magisterio católico, pues se ha mostrado partidario del aborto, la eutanasia, la ideología de género o la equiparación de las uniones de personas del mismo sexo al matrimonio.

Además, se aprobó que se realice una modificación sobre el reglamento de uso de las instalaciones deportivas municipales para que sea “exclusivamente para el ámbito deportivo o actos  y actividades organizadas por el Ayuntamiento de Jumilla y en ningún caso para actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento”. 

Según la información publicada por el Ayuntamiento de Jumilla en su sitio web el pasado 30 de julio, esta propuesta fue aprobada con 10 votos a favor del grupo PP, los votos en contra del PSOE e IU-Podemos-AV, y la abstención de Vox. Al aprobar la enmienda, la moción original decae directamente”.

4. Reacción de la Conferencia Episcopal Española

La noticia de esta votación trascendió a los medios a inicios del mes de agosto con titulares que aludían más al contenido de la propuesta original de Vox que a la moción que finalmente fue aprobada, subrayando en todo caso la posible afectación del derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto recogido en la Constitución Española (art. 16). 

A este respecto, la Conferencia Episcopal Española (CEE) hizo pública una nota el pasado 7 de agosto en la que señalaba que “la limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes”, subraya el comunicado. 

“Hacer estas restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas”, añadieron los obispos españoles.

También se pronunció al respecto la Comisión Islámica de España, quien denunció que “impedir la celebración de actos religiosos de la comunidad musulmana supondría, de salir adelante, una vulneración grave de la Constitución Española (que en su artículo 16 reconoce y protege la libertad religiosa como un derecho fundamental) y a la Ley Orgánica de Libertad Religiosa”. 

A este respecto, añadió que “cualquier disposición que restrinja injustificadamente este derecho no solo carecería de base legal, sino que representaría un preocupante deterioro en la democracia y la convivencia plural que caracteriza a nuestro país”.

5. Matizaciones y polémicas

Tras el comunicado oficial de la CEE, diversos prelados ahondaron en la cuestión aportando matices y  reflexiones complementarias, empezando por su presidente, el Arzobispo de Valladolid, Mons. Luis Argüello. 

Pocas horas después de conocerse la nota de la CEE, el prelado publicó un artículo titulado “Jumilla como lección y paradoja”, en el que expuso que “cuando la fe no se cultiva y solo se hacen lecturas ideológicas de los valores, la defensa de usos y tradiciones puede quedar reducida a mero folclore o a instrumento inadecuado de la legítima lucha por el poder. Por eso es decisivo que los defensores de valores y tradiciones vuelvan a las fuentes y miren al que en la Cruz dio la vida por todos”.

Por otro lado, Mons. Argüello detalló que “el bien común en el mundo global pide exigir reciprocidad a los Estados de confesión islámica que persiguen o ponen trabas a los cristianos”, subrayando que éstos son “los creyentes más perseguidos del mundo”. A este respecto, añadió: “Qué bueno sería que nuestros amigos musulmanes españoles o que viven entre nosotros reivindiquen la libertad allí que para ellos defendemos aquí”.

El Cardenal José Cobo, Arzobispo de Madrid y vicepresidente de la CEE expuso en un artículo que “es tiempo de recordar que la libertad religiosa debe ser acogida y la libertad de culto respaldada.  Es aquí donde aparece el Estado para armonizar y facilitar las diferentes expresiones religiosas permitiendo que las personas vivan su fe como un bien para la sociedad”. 

Además, instó a recordar que “la libertad religiosa se refiere tanto al sujeto que la práctica como a la confesión religiosa que la pone de manifiesto en el ámbito público, sin más límite que el respeto a la ley legítima y al orden público”. 

En ese sentido, añadió: “El uso ordenado de un polideportivo para unas tradicionales fiestas religiosas, de familia y vida de fe no parece perturbar la convivencia de una población con una presencia tan significativa de pluralismo religioso”.

Por su parte, el Arzobispo de Oviedo, Mos. Jesús Sanz, envió un mensaje a través de las redes sociales sobre la cuestión en la que aludió a los cristianos perseguidos ante la polémica: “Extraña polémica con musulmanes sobre celebraciones en polideportivos. ¿Dónde está la reciprocidad negada de los moritos con los cristianos que] asesinan en nuestras iglesias dentro de sus territorios? ¿Ponernos estupendos citando textos civiles o eclesiales, para que nos sigan matando?”.

Ante las diferentes declaraciones episcopales, el presidente de Vox, Santiago Abascal, señaló en una entrevista que se siente “perplejo y triste por parte de la jerarquía eclesiástica” y aludió a la posibilidad de que su postura a favor de la regularización de inmigrantes ilegales en España se deba “al ingreso recibido como resultado del sistema de ayuda inmigrante ilegal, donde probablemente no todo el dinero va a esas personas supuestamente necesarias, sino también al mantenimiento de estructuras”

“No sé si tiene que ver con los casos de pederastia dentro de la Iglesia que la tienen absolutamente amordazada ante las acciones de determinados gobiernos liberticidas”, añadió.