El Tribunal de Cuentas investiga una posible financiación pública irregular del primer negocio de aborto de España, Dator, tras una denuncia de la Fundación de Abogados Cristianos relativa a contratos otorgados por la Comunidad de Madrid.
El abortorio Dator, situado en Madrid, fue el primero que obtuvo la acreditación tras la aprobación de la primera ley del aborto aprobada en 1985, que supuso la despenalización de la muerte prenatal en tres supuestos. Desde entonces, más de tres millones de personas han sido abortadas en el país a lo largo de 40 años.
El Tribunal de Cuentas, órgano encargado de fiscalizar el sector público y juzgar la responsabilidad contable, ha aprobado una diligencia para tomar en consideración la denuncia presentada por una asociación de juristas sobre 24 contratos entre la empresa Partner Line S.A. y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Abogados Cristianos defiende en su denuncia que la administración autonómica “siguió dando contratos a la compañía pese a que ésta se encontraba incursa en causa de prohibición de contratar”.
Partner Line fue declarada en disolución en octubre de 2023, lo que implicó la “suspensión de las facultades de administración y disposición sobre los bienes y derechos de la masa activa”, que recayeron en el administrador concursal, Guillermo Alfonso Sánchez. Poco después, la justicia inhabilitó a Sánchez “para administrar bienes ajenos durante el plazo de 2 años”.
Pese a ello, desde la declaración de disolución, “la Comunidad de Madrid le ha adjudicado un total de 24 contratos menores para realizar abortos, sumando un montante de 156.251,19 euros”, que han sido denunciados.