Obispos de El Salvador se oponen a que se use el país como una “gran cárcel internacional”

Los prelados pidieron a las autoridades salvadoreñas “no promover las cárceles de nuestro país para las víctimas de las políticas antiinmigrantes de potencias extranjeras”. 

En particular, criticaron la postura asumida tras la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos  Marco Rubio en febrero de este año, cuando el presidente Bukele ofreció recibir en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) a “peligrosos criminales americanos incluyendo ciudadanos de Estados Unidos” así como a “migrantes ilegales de cualquier otro país” en vez de deportarlos a su país de residencia. 

El CECOT, popularmente conocida como la “megacárcel” es una prisión de máxima seguridad inaugurada en enero de 2023, que puede albergar hasta 40.000 reclusos.

“Pedimos a nuestros gobernantes que no promocionen este país como si fuera una gran cárcel internacional. Les rogamos que piensen bien lo que hacen. Traer grandes criminales puede convertirse en un peligro para nuestra población; tanto como granjearle a esta nación una mala fama internacional”, advierten los obispos. 

Como alternativa, llamaron a “promover una política en favor de los migrantes, con fronteras abiertas e inserción en la economía como mano de obra. Además, una parte del pueblo salvadoreño también es migrante y no nos gustaría que nuestros compatriotas fueran encarcelados en otras naciones”.

Hacer el bien por obligación “es represión”

Otra de las demandas planteadas por los obispos es “la derogación del estado de excepción”, una medida vigente desde marzo de 2022 en el país como parte de la estrategia gubernamental para combatir a las pandillas delictivas.

Este régimen permite suspender, de manera constitucional, derechos como la libertad de reunión, la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a ser informado sobre los motivos de una detención, y el acceso a representación legal, entre otros. De acuerdo con Human Rights Watch, esta medida ha abierto “la puerta a que se cometan violaciones de derechos humanos”. 

Aunque los obispos reconocen que “en otro momento fue necesario para frenar la violencia y se consideró exitoso por sus resultados. Pero ha pasado el tiempo, y, consideramos que ya no es necesario”. 

“Se trata de permitir al pueblo ejercer su libertad sin presión alguna. Pues el pueblo no puede continuar haciendo el bien, actuando el bien, y obedeciendo las leyes, por temor a las consecuencias del régimen de excepción. (…). Hacer el bien por miedo es coerción y hacerlo por obligación es represión”, indicaron los obispos. 

Critican que “se persiga” a defensores de derechos humanos

En otro punto de la carta, los obispos condenaron que “se persiga a los defensores de derechos humanos por el simple hecho de ejercer esta función”. Esto, tras la detención de la abogada Ruth Eleonora López. Según Human Rights Watch, este caso “se suma a una serie de acciones represivas impulsadas por el gobierno, que ha mostrado una creciente hostilidad hacia periodistas, líderes sindicales y defensores de derechos humanos”.

En este sentido, los obispos solicitaron que “si en dado caso hay algunos presos sin más motivo que la defensa de derechos humanos, deben ser estudiados sus casos y de inmediato puestos en libertad”. También instaron a revisar “con gran objetividad” todos los casos de las personas privadas de su libertad “para lograr que, los que son inocentes salgan de ahí lo más pronto posible”.