El Observatorio para libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) denuncia presiones políticas contra un colegio católico que ofrece dos horas de clase de Religión en la localidad española de Tarrasa.
En un comunicado difundido el 27 de mayo, esta organización civil con casi dos décadas de vida en España, rechazó “la creciente hostilidad institucional hacia la asignatura de Religión en Cataluña y exige al Parlamento Catalán y a los grupos políticos el respeto del derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones”.
Estas protestas responden a una moción presentada este mes por el partido político Cataluña en Común, de ideología socialista, atea y secesionista, que fue parcialmente aprobada por el Parlamento de Cataluña. En su enunciado original, la moción rechazaba “el intento de grupos ultracatólicos reaccionarios de adoctrinar al alumnado de las escuelas concertadas de Cataluña”.
Finalmente, el título de la propuesta fue aprobado el 22 de mayo, tras eliminar, a petición del Partido Socialista, la referencia explícita a los centros concertados, aquellos que nacen de la iniciativa social (mayoritariamente impulsados por instituciones católicas) y que, formando parte del sistema escolar, ahorran una buena parte de los costes a las administraciones públicas.
Lo mismo ha sucedido con el quinto punto de la moción original, que instaba a “aprobar un protocolo específico de detección, intervención y sanción en casos de discursos de odio, adoctrinamiento ideológico o vulneración de derechos en las aulas, especialmente en centros sostenidos con fondos públicos”, esto es, los públicos y concertados.
Este punto finalmente se refiere a todos los centros, incluidos los privados.