MADRID,
Después que el Gobierno catalán aprobara este martes un proyecto de ley que permite la adopción de niños por uniones de homosexuales, el Instituto de Política Familiar de Cataluña (IPF-C) advirtió que la nueva legislación es “injusta y discriminatoria” para los menores.
El presidente de IPF-C, Liberto Senderos, explicó que la ley atentará contra los derechos del niño de tener un padre y una madre, y provocará una injusticia y una usurpación de los citados derechos.
Asimismo, Senderos indicó que la iniciativa también influirá negativamente en el desarrollo psicológico, emocional e integral del niño ya que se le quita la posibilidad de recibir la complementariedad que produce el tener padre y madre y que no la pueden aportar dos personas del mismo sexo.
“Es una injusticia el que por una legislación errónea no se le permita poder tener padre y madre al niño. Cuando ya es bastante la problemática que un niño no puede estar con sus padres biológicos, ahora se le añadiría que no puede recibir el afecto y cuidado de un padre y una madre con las consecuencias psicológicas y sociales en los niños que ello conllevaría”, señaló el pronunciamiento firmado por el presidente del Instituto.
Asimismo, el comunicado indicó que se trata de una “usurpación del derecho de los niños a tener un padre y una madre” puesto que “se está anteponiendo el derecho de unos señores a tener un niño, al derecho de un niño a tener padre y madre”.
Más adelante, el Instituto valoró la ley como un “gigantesco retroceso en los derechos de la infancia” al tratarse de una medida “de carácter fóbico y regresivo para la infancia y la familia”.
Por último, Senderos señaló que se ha aprobado esta ley “con la oposición de las asociaciones de padres y de familias que habían hecho numerosas alegaciones en contra de esta ley”.
“Una medida de esta envergadura que atenta y perjudica gravemente los intereses y derechos de los niños, no puede tomarse unilateralmente y sin contar con el respaldo mayoritario del pueblo catalán y de su asociacionismo familiar. El gobierno actual, con este tipo de medidas, demuestra su nula voluntad de gobernar para la mayoritaria familia catalana y sí por colectivos de escasa representación social”, concluyó.
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