19 de noviembre de 2013

Nov 19, 2013

La Conferencia Episcopal Colombiana (CEC), llamó a la Corte Constitucional del país a no permitir que una menor pueda ser adoptada por una mujer lesbiana - pareja de la madre -, pues la ciencia, la moral y las leyes rechazan que las parejas homosexuales puedan adoptar niños.

En una carta firmada por el Presidente de la CEC, Cardenal Rubén Salazar, los obispos se refirieron al fallo que la Corte Constitucional emitirá con respecto a una tutela interpuesta desde el año 2009 por dos mujeres lesbianas que buscan que la hija concebida por una de ellas, por inseminación artificial, pueda ser adoptada por su pareja.

El Episcopado recordó los argumentos esgrimidos en una carta fechada el 11 de abril del 2011 y dirigida a los magistrados, fieles católicos y ciudadanía, y reiteró que sus razones no sólo responden a un orden religioso o moral, sino también a un índole científico y jurídico, teniendo en cuenta que la Constitución afirma en su artículo 42 que la familia está constituida por un hombre y una mujer.

Además, señaló que la adopción es una medida de protección y de beneficio al menor, y no un derecho de los adoptantes. Esto se evidencia "en el derecho internacional y nuestra legislación interna", indicaron los obispos.

La CEC indicó que la posición de la Iglesia obedece "al necesario respeto que el Estado Social de Derecho debe tener por los valores éticos y sociales de la mayoría de sus ciudadanos". En ese sentido, pidió a la Corte Constitucional "tener en cuenta" que "la inmensa mayoría de los colombianos se han manifestado contrarios a la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo".

"Serios estudios avalados por la comunidad científica ponen en evidencia dudas y reservas sobre la idoneidad de las parejas homosexuales para brindar a los menores de edad un óptimo espacio de desarrollo psicoafectivo y de integración social", añadió.

Finalmente, los obispos pidieron a la Corte Constitucional tomar en cuenta estos argumentos e invitaron a la ciudadanía a "mantenerse vigilantes y atentos" para "defender la naturaleza auténtica de la familia y los derechos de los menores".