Presos de conciencia denuncian violación de derechos fundamentales en Cuba

En un informe dirigido a la delegación de la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones, un grupo de prisioneros de conciencia condenados a 20 años de prisión en la penitenciaría Kilo 7, denunciaron las graves violaciones contra los derechos fundamentales de los prisioneros, incluyendo los derechos religiosos.

Los disidentes Léster González Pentón y Juan Carlos Herrera Acosta entregaron el documento al primer teniente Rogelio Sola Labrada, quien dirigió la visita de los representantes de la institución.

El texto expresa la situación con la alimentación, la que ha sufrido una drástica reducción, de pésima elaboración, carente de valor proteico y calórico, sin variedad. Esta situación provoca que los reclusos estén expuestos a contraer peligrosas enfermedades, que atentan directamente contra el sistema inmunológico y por ende a estar expensas de virus y a la tuberculosis, que cuenta allí con las condiciones idóneas para su fácil propagación: mala alimentación, bajo peso corporal, hacinamiento, escasez de medicamentos y falta de higiene.

Asimismo, la informe denuncia que se les priva del uso del teléfono a pesar de tener 100 minutos al mes reglamentados, alegando “roturas” sin que se busquen métodos alternativos y, a pesar de los esfuerzos que realiza la Iglesia Católica, se les niega la atención religiosa.

Otro punto abordado por los presos políticos fue el de las pésimas condiciones de vida, ya que muchos presos no poseen colchones, ni tablones, duermen en el suelo, estando expuestos al contacto directo con insectos y roedores. Denunciaron que allí existe una plaga de cucarachas conocidas como “las alemanas” que deambulan incluso por encima de los alimentos, sin que se combatan por los medios convencionales.

“La situación de los servicios médicos puede ser catalogada de caótica”, expresa el informe y agrega que la falta de personal calificado y las dificultades para ser atendido por un especialista constituyen un verdadero problema, además de la falta de medicamentos recetados.

Sobre el sistema de reeducación el informe denuncia que existe un muy bajo nivel profesional de muchos de los oficiales, nivel que convierte al reeducador en figura represiva y no reeducativa, ya que asumen patrones de actuación muy comprometidos, no resuelven los problemas y utilizan respuestas degradantes y humillantes.

Por otro lado, el documento explica que la correspondencia es violada desde y hacia la prisión, privándolos de la comunicación con sus familiares, con una malévola esencia implícita, constitutiva de una grave violación de las normas de convivencia humana y los derechos de los prisioneros, especialmente de sus casos, declarados Prisioneros de Conciencia por Amnistía Internacional.

Los disidentes exigieron el cese del injusto y forzoso destierro que sufren, el que se torna doloroso porque involucra a sus familiares, quienes tienen que recorrer enormes distancias para visitarlos, permitiéndoles sólo la presencia de dos mayores en las visitas.

Por último, el informe solicita el cese inmediato de las amenazas de los oficiales para retornarlos al régimen especial de máxima severidad por el simple hecho de reclamar sus derechos cercenados impunemente, amenazas que han llegado a la encarcelación de familiares que denuncian la situación de sus hijos y esposos.