Iglesia pide a Gobierno de Costa Rica no legalizar fecundación in vitro

El Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECR), Mons. Hugo Barrantes Ureña, pidió al Gobierno de Laura Chinchilla no legalizar la fecundación in vitro –a insistencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –, porque es una técnica que para lograr su fin elimina en el camino varias vidas humanas.

La fecundación in vitro está prohibida en Costa Rica desde el año 2001. Sin embargo, La CIDH criticó esta legislación y ha pedido que se revierta.

En un comunicado, el Prelado señaló que aunque la fecundación in vitro es presentada como la "última oportunidad" para las mujeres que sufren esterilidad, se oculta que dicha técnica consiente "que seres humanos, en el estado más débil y más indefenso de su existencia, sean seleccionados, abandonados, asesinados o utilizados como material biológico".

Mons. Barrantes recordó que la Sala Constitucional de Costa Rica coincidió en este punto al advertir que esta técnica manipula embriones previamente fecundados en un laboratorio, "a sabiendas de que, la mayor parte de ellos están destinados a morir". Esta Sala, añadió, sentenció que la vida humana debe ser protegida desde la concepción, como puntualmente estatuye la Convención Americana de Derechos Humanos.

Por ello, expresó su extrañeza que el informe Nº 85/10 de la CIDH omitiera toda referencia al respeto de la vida humana desde la concepción y considere únicamente los derechos de las personas a la intimidad y a fundar una familia. "Incluso –señaló-, algunos de sus integrantes acogieron la tesis abortista de priorizar la autonomía del cuerpo de la mujer al derecho a la vida de la persona por nacer".

Mons. Ureña advirtió que con su informe, la CIDH atenta contra "el Principio del Interés Superior del Menor (noción que abarca al ser por nacer) y que determina que, en un conflicto entre el interés de un niño y el de un adulto, prevalece el interés objetivo de resguardar al primero".

"En segundo lugar, de acuerdo con el Principio ‘In Dubio Pro Vida’, en caso de duda científica razonable, se debe optar por aquella tesitura que más favorezca el bien supremo vida y, precisamente, esto es lo que Costa Rica hizo al decidir proteger al embrión", añadió.

El Presidente de la CECR afirmó que la resolución de la Sala Constitucional a favor de la vida constituye la posición moral del Estado, el cual no puede dictar normas contrarias a ese bien supremo.

Con respecto a la CIDH, Mons. Barrantes explicó que sus informes "son simples recomendaciones que pueden ser acogidas o no", y que solo la Corte Interamericana puede conminar al Estado a actuar de cierta manera. "Empero, ese órgano no ha emitido pronunciamiento alguno porque la fase procesal correspondiente ni siquiera ha iniciado", indicó.

El Arzobispo comprendió "el sufrimiento de los esposos que no alcanzan la anhelada descendencia", pero recordó que "un hijo ‘es siempre un don’ y, consecuentemente, no puede constituir un medio para satisfacer una necesidad o un deseo, sino que, su dignidad como persona, exige que se le trate siempre como fin".

Mons. Ureña reiteró su llamado a respetar la vida humana desde la concepción, así como "vigilar, celosamente, el acatamiento del artículo 4.1 de la Convención Americana y el artículo 21 de nuestra propia Constitución Política que reza: ‘La vida humana es inviolable’".