Varios alcaldes italianos recogieron el rechazo de la ciudadanía hacia el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que pretende obligar el retiro de crucifijos de las escuelas públicas del país, y han adoptado medidas sin precedentes para preservar el símbolo cristiano.
Según informa el diario Avvenire, el alcalde de Sezzadio en Alejandría, Pier Luigi Arnera, decidió multar con 500 euros a quien remueva algún crucifijo de un local público.
Arnera explicó que "la exposición del crucifijo, en lugares distintos a los centros de culto, no afecta a la dignidad de algunos, porque es una de nuestras referencias culturales".
