El Gobernador del estado de Jalisco (México), Emilio González Márquez, impugnó ante la Suprema Corte de Justicia la nueva Norma Oficial Mexicana (NOM), publicada el pasado 16 de abril, con la que se obliga a los hospitales públicos a atender los abortos de mujeres que afirmen haber sido víctimas de violación. De prosperar la impugnación, en Jalisco no se aplicaría esta normativa.

Según indica la prensa local, esta impugnación constitucional fue admitida por el Ministro José Ramón Cossío el pasado 15 de junio y debe contestarse en unos 30 días.

"Si la Corte llega a declarar por mayoría de ocho votos que la NOM es inconstitucional, Jalisco quedará exento de la obligación de aplicarla", precisan. "Esta es la primera vez que un Estado promueve una controversia constitucional para librarse de la aplicación de una norma en salud", añaden.

A principios de junio un grupo de médicos de distintos hospitales presentaron más de 400 amparos en 14 estados para impugnar la NOM alegando que se deja en manos de las instituciones de salud las funciones de investigación de los delitos, propias del Ministerio Público cuando es el caso de determinar si una mujer fue violada.

Asimismo, en el Distrito Federal unas 40 clínicas y médicos del sector privado han promovido acciones de amparo contra la NOM.